Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía vuelve a denunciar con rotundidad que la Ley de la Cadena Alimentaria, lejos de favorecer a agricultores y ganaderos, se ha convertido en una carga añadida para el sector productor y para sus cooperativas. Una norma presentada como solución a los problemas de rentabilidad del campo que, en la práctica, no ha corregido los desequilibrios del mercado, no ha garantizado mejores precios en origen y sí ha impuesto nuevas obligaciones administrativas, nuevos riesgos jurídicos y mayor inseguridad en las relaciones comerciales ante posibles sanciones por la dificultad de aplicación de la norma.
La federación andaluza señala que “continuamente nos llegan ejemplos en distintos sectores productivos que constatan este despropósito, y ya estamos viendo las primeras multas económicas ante la imposibilidad de acatar la norma y definir los costes de producción”. A este respecto, recuerda que lleva años advirtiendo que la Ley de la Cadena no funciona, mensaje que en reiteradas ocasiones ha trasladado a todas las administraciones competentes: a Bruselas, al Ministerio de Agricultura y a la Junta de Andalucía.
Y es que “no se puede exigir a agricultores, ganaderos y cooperativas el cumplimiento de una ley de costes de producción cuando convergen realidades productivas muy dispares en un mismo sector y, al mismo tiempo, se permite que entren productos importados a precios inferiores al fijado para nuestras producciones, porque entonces, esta rígida normativa lo que está haciendo es sacarnos del mercado”.
Para Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, la Ley de la Cadena parte de un planteamiento teórico que ignora la realidad. Las cooperativas no operan en un mercado cerrado, ni local, ni exclusivamente nacional. Venden en mercados europeos e internacionales, compiten con operadores de todo el mundo y se enfrentan diariamente a importaciones que no soportan los mismos costes regulatorios que las producciones españolas. En este contexto, imponer obligaciones internas sin establecer cláusulas espejo, controles efectivos en frontera y mecanismos de compensación sitúa al sector español en una clara desventaja competitiva.
“El problema no es defender que el agricultor y el ganadero cobren dignamente. Eso es precisamente lo que defendemos las cooperativas todos los días, porque las cooperativas son empresas de los propios agricultores y ganaderos. El problema es aprobar una norma que dice protegerlos, pero que no actúa sobre la causa real de la pérdida de rentabilidad: la competencia desleal al permitir la entrada de productos por debajo de los costes que aquí se exigen”, incide la organización.
Ejemplos claros
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía recuerda que el olivar es un ejemplo evidente de esta contradicción. En Andalucía conviven explotaciones tradicionales, intensivas y superintensivas, con estructuras de costes muy diferentes entre sí. Pretender fijar una regla para realidades productivas tan dispares, sin tener en cuenta la diversidad de modelos, rendimientos, campañas y mercados, genera inseguridad y no soluciona el problema de fondo. Así, cuando el aceite de oliva español tiene que competir con aceite procedente de países terceros como Túnez, por ejemplo, con menores costes de producción y menores exigencias normativas, la Ley de la Cadena no protege al olivarero español. Todo lo contrario, lo expulsa de cualquier negociación comercial.
La misma situación se reproduce en sectores como el arroz. Los arroceros andaluces soportan costes crecientes, restricciones hídricas, exigencias medioambientales cada vez más estrictas y una presión regulatoria que no se exige en los mismos términos a producciones procedentes de Camboya o Myanmar. Si el arroz importado entra en el mercado europeo sin aranceles y a precios inferiores a los que permiten cubrir los costes de producción en España, la Ley de la Cadena condena a los arroceros españoles a no poder vender su producción, ya que la industria se decantará por el arroz foráneo.
También la leche de cabra refleja con claridad las consecuencias de una norma mal diseñada. Andalucía cuenta con un sector caprino de enorme valor económico, social y territorial, especialmente importante en zonas rurales donde la ganadería fija población y mantiene actividad. Sin embargo, los ganaderos se ven presionados por la entrada de leche de otros países europeos a precios más bajos, lo que desplaza la producción nacional y compromete la viabilidad de muchas ganaderías, ya que la industria láctea va a cubrir sus necesidades con producto exterior más barato.
Por todo ello, “la Ley de la Cadena se está convirtiendo en una Ley de la Condena”, recalca la federación regional.
Ante esta situación, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía exige una revisión profunda de la Ley de la Cadena Alimentaria y reclama que cualquier reforma incorpore medidas reales, eficaces y aplicables al sector, además de compensaciones para aquellas campañas en las que no se pueda vender la producción por aplicación de esta normativa.
La federación reitera que seguirá defendiendo ante Bruselas, el Ministerio y la Junta de Andalucía una política agroalimentaria coherente, que no cargue sobre agricultores, ganaderos y cooperativas las consecuencias de un mercado global desequilibrado.
“No necesitamos más burocracia. Necesitamos reglas justas y medidas que posibiliten que la producción de alimentos en Andalucía sea una actividad viable, rentable y competitiva”, concluye la entidad.
