Europeos
El Hub Iberia Agrotech (más conocido como HIBA) es un proyecto de Cooperación Transfronteriza Interreg España-Portugal (POCTEP) que trabaja para impulsar un ecosistema Plurirregional centrado en la digitalización del sector agroalimentario hispano-luso a partir de la creación de una red de Digital Innovation Hubs (DIH) que fomente la iniciativa, la competitividad y la sostenibilidad empresarial, propiciando la reactivación económica post-Covid-19.
El proyecto cuenta con un presupuesto de 5,3 millones de euros, cofinanciado al 75% por el Fondo FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) en el marco del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España-Portugal 2014-2020 (POCTEP). HIBA cuenta con 19 beneficiarios, coordinados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.
En total, 19 socios beneficiarios, incluyendo entidades relacionadas con la innovación y la digitalización del sector agroalimentario de España y Portugal, trabajarán hasta el 31 de diciembre de 2022 en la creación de una red ibérica de DIH en Agrotech para fomentar el emprendimiento y mejorar la competitividad empresarial a partir de la innovación digital, propiciando la reactivación económica post-COVID 19.
Fecha de ejecución: 2019-2022
Más información en su página web (http://hubiberiaagrotech.eu/)
Federación
Prácticamente toda la provincia, el 98% de las cooperativas y almazaras de Jaén, ha secundado el paro agrario convocado por Coooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA e Infaoliva. Una protesta motivada por el varapalo económico que supondrá la reforma de la PAC para la provincia y el desorbitado aumento de los costes de producción, que hace que los buenos precios del aceite de oliva no beneficien a los agricultores. De hecho, la nueva PAC en Jaén será una auténtica catástrofe, ya que hay agricultores y ganaderos que perderán ayudas de forma más acusada en comarcas como La Loma, Cazorla, Segura y El Condado. Las cooperativas y almazaras han secundado un paro agrario que ha venido acompañado de concentraciones de dos horas, entre las 10 y las 12 de la mañana.
Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de ASAJA, ha afirmado: «El Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado al sector primario de Jaén en el corredor de la muerte a través de las medidas tomadas por sus ministros. Con el de Agricultura es la primera vez que con un borrador de la PAC se registran pérdidas cifradas en millones de euros, a las que hay que sumar los ecoesquemas; con el de Transición Ecológica, dejando a través de los nuevos borradores del Plan Hidrológico sin agua al olivar de Jaén, con lo que eso supone; el de Consumo se ha enzarzado con los ganaderos en una provincia que tiene el 50% de vocación forestal, y por lo tanto ganadera; y la de Trabajo nos planta una reforma laboral que supone un atropello, puesto que el trabajo en el campo es algo temporal”.
El secretario general de COAG Jaén, Juan Luis Ávila, ha asegurado: “La aplicación de la reforma de la PAC hecha por el ministro de Agricultura es una reforma de reparto territorial, para contentar a unos y a otros, y eso le va a suponer a la provincia de Jaén entre 60 y 80 millones de euros. El reparto que se quiere hacer va en contra de la Ley 19 del 1995 de Modernización de Explotaciones. No puede ser que aquí lo que se pretenda es ir en contra del agricultor o ganadero que solo vive de su actividad en el campo. Vamos a intentar parar una reforma que no solamente es ilógica, sino que es totalmente ilegal. Esto comienza aquí. Hoy teníamos que estar a las puertas del Ministerio de Agricultura y no lo estamos por responsabilidad, pero en cuanto podamos vamos a estar allí con más contundencia que nunca”.
El gerente de Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén, Antonio Guzmán, ha resaltado el gran seguimiento al paro y ha agradecido a los cooperativistas que hayan secundado la movilización, conscientes, ha dicho, del perjuicio que supondrá la aplicación del reparto de las ayudas de la PAC que plantea el Ministerio de Agricultura. Guzmán ha aclarado que, con esta movilización, histórica en Jaén, el sector no demanda nada nuevo, sino el mantenimiento de los derechos adquiridos. Ha añadido que la propuesta constituye un duro ataque al olivar de la provincia.
El vicesecretario general de UPA Jaén, Elio Sánchez, ha hecho hincapié que este paro agrario, respaldado por concentraciones en las cooperativas, se realiza motivado por la situación “tan nefasta” que está sufriendo el campo jiennense. “Nuestro campo ya no puede más con unos costes de producción desorbitados y una reforma de la PAC que nos afecta demasiado. El paro ha sido secundado por la mayoría de las cooperativas y almazaras de la provincia y nos consta que mucha gente se ha quedado sin ir a los tajos. Por qué, muy sencillo, porque queremos reivindicar a las administraciones que presten la atención debida al campo, que nos respalden ya de una vez por todas con la dignidad que nos merecemos, porque vivimos una crisis insostenible».
Manuel Alfonso Torres, presidente de INFAOLIVA Jaén, ha dejado claro el porqué del paro: “La subida de los inputs en la fabricación del aceite de oliva hace que no podamos repercutir en precios, por lo que acaba finalmente afectando a los propios agricultores. Por otro lado, la reforma de la PAC, cuyo primer recorte va a llegar a Jaén en 2023, va a suponer una merma en la entrada de dinero de alrededor de 80 millones de euros anuales. Y no solo se van a ver perjudicados los grandes preceptores de ayudas, sino también las pequeñas explotaciones y el olivar tradicional. Desde Jaén pedimos que no nos quiten lo que ya tenemos y que deje de perjudicarse a esta tierra, pues estas reformas solo van en detrimento del agricultor jiennense.
Federación
Más de 150 cooperativistas del sector agroalimentario han asistido esta mañana al webinar sobre la Reforma Laboral organizado por Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y en el que se han analizado las medidas incluidas en el Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre. La jornada, celebrada en formato online, ha intentado dar respuesta a las numerosas dudas y preocupaciones que asolan a los profesionales de la agricultura y de la ganadería andaluces tras la entrada en vigor de la normativa, que está aún pendiente de aprobación parlamentaria.
Jaime Martínez-Conradi Álamo, director de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, ha destacado durante la inauguración del seminario “la inquietud existente en el sector por cómo será finalmente el desarrollo de la normativa”, así como el “recelo que produce la obligación de dar prioridad a los contratos fijos-discontinuos para la realización de trabajos de carácter estacional”. El director de la federación ha hecho referencia de este modo al hecho de que, pese a que la norma está vigente desde el 31 de diciembre de 2021, no será hasta el 30 de marzo de este año cuando entre en vigor el nuevo marco de contratación.
José Agustín González Romo, secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, quien ha participado en la apertura y clausura del seminario, ha aclarado que aún “pueden plantearse cambios en la normativa una vez que entre en trámite parlamentario” y ha indicado “que no es una reforma que se adapte a la situación concreta del campo”. “El sector primario tiene una condición intrínseca de temporalidad, lo cual no significa necesariamente precariedad, sino que son las propias circunstancias de la cosecha las que marcan esta situación”, ha apuntado.
Para analizar el fondo del Real Decreto-ley, así como su aplicación en la gestión laboral de la agricultura y la ganadería han intervenido Fernando Ruiz Linaza y Beatriz Prieto Panadero, socio y abogada senior del área laboral de Deloitte Legal. En su ponencia, los abogados laboralistas han insistido en que las medidas que incluye el Real Decreto pretenden corregir la temporalidad excesiva del mercado laboral español y que, a pesar de no ser específicas para el campo, sí existen los mecanismos para adaptarla al sector. El mayor cambio que se produce con la norma, han explicado, es la desaparición del contrato por obra o servicio, ya que la modalidad por defecto serán el contrato indefinido y el fijo discontinuo.
En cuanto al contrato de trabajo de duración determinada, sólo podrá adoptarse por circunstancias de la producción o por sustitución de una persona trabajadora. En el caso de las campañas agrícolas, por ejemplo, ha explicado que las causas imprevisibles contarán con una duración máxima de seis meses, mientras que las previsibles no podrán exceder de 90 días anuales. Dichas causas previsibles no podrán ser utilizadas de manera continuada, independientemente de las personas trabajadoras que sean necesarias para atender en cada uno de estos días. Además, en el último trimestre de cada año, las empresas deberán trasladar al representante legal de los trabajadores una previsión anual de uso de estos contratos.
En este sentido, y en referencia a la temporalidad de las diferentes campañas del sector agroalimentario, los expertos laboralistas han corroborado que el contrato fijo-discontinuo será el que se deba realizar por defecto en trabajos estacionales o vinculados a actividades productivas de temporada.
En cuanto a los contratos temporales realizados antes de la aplicación de la norma de contratación, aquellos de obra y servicio o los eventuales realizados entre el 31 de diciembre de 2021 y el 30 de marzo de 2022, se regirán por la normativa vigente en el momento en el que fueron realizados. Sin embargo, no podrán durar más de seis meses.
Otro de los aspectos que regula la normativa y que se han tratado en el webinar ha sido la negociación colectiva. Por un lado, se recupera la “ultraactividad indefinida”, es decir, que se mantendrá el convenio colectivo si, transcurrido el proceso de negociación, no se ha llegado a ningún acuerdo. Además se elimina la prevalencia del convenio de empresa a la hora de fijar la retribución del trabajador.
Tras la ponencia, los abogados han contestado a numerosas preguntas formuladas por los asistentes y moderadas por Elvira Espinosa Portero, responsable del Departamento Jurídico de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía. Sanciones, tramitación de contratos, periodos de prueba, duración máxima de los diferentes tipos de contratos o prórrogas de los contratos vigentes han sido algunas de las cuestiones aclaradas en el seminario. Durante la clausura de la jornada, la responsable del Departamento Jurídico ha recordado que la federación se pone a disposición de todos sus asociados para seguir resolviendo cuestiones relacionadas con el Real Decreto.
Federación
Ante la crisis de precios que atraviesa el sector citrícola y sus graves repercusiones para los agricultores y ganaderos de Andalucía, las asociaciones representativas del campo andaluz y del sector productor de los cítricos: ASAJA, COAG, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias, Asociafruit, Palmanaranja y la Asociación de Citricultores de Huelva han mantenido un encuentro hoy en Sevilla para analizar la situación del sector citrícola andaluz y avanzar, de manera conjunta en la búsqueda de soluciones.
Dada la magnitud de los retos y la imposibilidad de afrontarlos en solitario, las citadas organizaciones, representantes del sector citrícola andaluz, han constituido hoy en Sevilla la Mesa de los Cítricos de Andalucía, un grupo de trabajo que supone un primer paso para trabajar conjuntamente, desde el primer eslabón, en defensa del sector citrícola andaluz y poder hacer frente a las amenazas que sufre este sector a todos los niveles.
El problema más grave y el que ha desencadenado este encuentro es la grave crisis que atraviesa el sector productor andaluz, con precios en origen por debajo de 0,13 euros/Kg. Un precio que no cubre siquiera los costes de producción y que ha ido a la baja desde la primera semana de campaña. Sin embargo, el consumidor no se ha beneficiado de este hundimiento del precio en origen, pues sigue pagando por el kilo de naranjas entre 1 y 2 euros. Así, cuando estamos iniciando la segunda parte de la campaña de recolección aún queda en el campo mucha naranja navelina que no ha encontrado hueco en el mercado ante el tapón provocado por la entrada de miles de toneladas de naranja “vieja” de Sudáfrica, que es a la que las cadenas de supermercados han dado preferencia.
Tal como denuncia la Mesa de los Cítricos, supone una aberración que va contra toda lógica que las grandes cadenas de supermercados vendan en España o en Europa naranjas recolectadas hace dos o tres meses a más de 8.000 kilómetros de distancia, cuando tenemos aquí en Andalucía la mejor naranja del mundo. Por ello, la primera llamada de atención de la Mesa andaluza de los Cítricos va dirigida al consumidor, para que mire las etiquetas y de preferencia a la naranja española, de mucha más garantía y mejor calidad, puesto que la naranja española cumple unos estándares sociales, laborales y medioambientales con los que no cumple la naranja que se produce fuera de la Unión Europea.
El sector de los cítricos es estratégico para toda Andalucía. De hecho, la producción citrícola andaluza continúa en progresión, al contrario de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, en las que el sector está en clara regresión. El aforo de la Consejería de Agricultura para la presente campaña estima que la cosecha alcanzará 2,4 millones de toneladas (casi un 3% más que en la campaña anterior), de los que el 70% se corresponde con naranjas (1.692.631 toneladas), un 23% con mandarinas (556.556 toneladas) y un 5% (111.795 toneladas) con limones. Por provincias, Sevilla lidera la producción andaluza, con 952.200 toneladas, seguida de Huelva (612.000 toneladas) y Córdoba (364.000 toneladas).
La producción de cítricos en Andalucía alcanzó en 2020 un valor de 947 millones de euros. Se trata de una fruta muy apreciada en los mercados exteriores, y con una clara vocación exportadora. Así, en 2020-2021 se exportó el 15,2% de la producción (356.000 toneladas) citrícola, valorada en 308 millones de euros. El sector citrícola andaluz genera 7,85 millones de jornales, de los cuales, cinco millones corresponderían a las labores de producción y el resto a centrales hortofrutícolas.
Federación, Frutas y hortalizas, Sectores ganaderos
Cooperativas Agro-alimentarias de Cádiz, junto a las organizaciones ASAJA, COAG y UPA se han reunido hoy con el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Antonio Pacheco, a quien le han trasladado sus reivindicaciones y le han reclamado su mediación ante las administraciones con competencia sobre el sector agrario gaditano para que articulen medidas que salvaguarden la viabilidad de las explotaciones de la provincia.
Organizaciones agrarias y cooperativas le han expuesto al representante del Gobierno en Cádiz los principales problemas que merman la competitividad de las producciones agrarias de la provincia, como el impacto del Plan Estratégico de la PAC, el efecto del incremento de los costes de producción, las obsoletas medidas fiscales o el incumplimiento de los acuerdos de reciprocidad con países terceros, entre otros.
En relación al Plan Estratégico de la PAC, el sector agrario gaditano ha mostrado a José Antonio Pacheco su preocupación por los recortes que provocará en la renta de los agricultores y los ganaderos la aplicación de la hoja de ruta de Luis Planas, ya que se producirá un trasvase de presupuesto de la provincia a otras menos productivas. Por un lado, la reducción de regiones –de las 50 actuales a 20- se traducirá en pérdidas en prácticamente todas las zonas productivas de Cádiz, pero mermará especialmente las comarcas de la Costa Noroeste, el Bajo Guadalete, la Campiña, La Janda, la Sierra y el Campo de Gibraltar; sin olvidar que este cambio obvia por completo la diversidad productiva de la provincia. Por otro lado, el nuevo sistema de ecoesquemas, del que depende el 25% del presupuesto, tampoco recoge la citada diversidad y se excede de las exigencias dispuestas por la Unión Europea.
La negociación del plan español de la PAC se ha desarrollado en un marco especialmente complejo para agricultores y ganaderos, que en los últimos meses son testigos de la indiscriminada subida de los costes de producción. Como le han explicado al subdelegado del Gobierno, en el último año los piensos para el ganado se han encarecido en más de un 30%, las semillas cuestan un 20% más, los abonos han subido un 150%, el agua es un 33% más cara, por no olvidar el incremento del gasoil de un 73%, el repunte del 270% de la energía eléctrica, que el aumento de los costes laborales merma la rentabilidad de las explotaciones y que el encarecimiento de la manipulación de las producciones y la logística compromete la competitividad en un mercado globalizado. Todo ello, en un contexto en el que los precios en origen están estancados, se traduce en la nula viabilidad de la mayoría de los sectores de la provincia, que arrastran una situación crítica desde antes del confinamiento por el Covid-19, como han señalado las cuatro organizaciones.
Los representantes del campo gaditano también han expuesto el efecto pernicioso que tienen las crecientes importaciones de países terceros y los constantes incumplimientos de los acuerdos que no cumplen la reciprocidad. Agricultores y ganaderos no entienden que la Unión Europea disponga una normativa muy exigente en todos los órdenes para los productores comunitarios mientras permite la entrada indiscriminada de productos de terceros países, con menores costes de producción y normas medioambientales laxas. Asimismo, han señalado que la coincidencia temporal de esas importaciones con la recolección de las cosechas de la provincia tira por tierra los inmensos esfuerzos que cada año realizan los agricultores gaditanos.
Por otro lado, las cuatros organizaciones han indicado la excesiva presión fiscal a la que están sometidos agricultores y ganaderos. Como han indicado, los índices y los tipos que se aplican se establecieron hace años, en un contexto económico distinto al actual, por lo que a juicio de organizaciones agrarias y cooperativas es necesaria una revisión de los mismos para que la fiscalidad se adecúe a la verdadera capacidad contributiva de los distintos sectores.
Organizaciones agrarias y cooperativas han aprovechado el encuentro para mostrarle al representante del Gobierno en la provincia su indignación ante las recientes declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la calidad da ciertas exportaciones de la carne producida en España. Para los representantes del campo gaditano es muy preocupante que el mensaje que finalmente llegue a los países compradores de carne española sea que la producción cárnica española es de baja calidad. Por ello, han pedido al subdelegado que traslade de manera enérgica las quejas de los ganaderos de Cádiz al presidente del Gobierno y al Ejecutivo en su conjunto, para que tome en consideración la pública rectificación de las manifestaciones.
Para sostener todos sus argumentos, los representantes de las cuatro organizaciones –Pedro Gallardo, presidente de ASAJA-Cádiz; Miguel Pérez, secretario general de COAG-Cádiz; Azucena González, secretaria general de UPA-Cádiz; y José Antonio Vega, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Cádiz- han entregado al subdelegado del Gobierno un bodegón de alimentos producidos en Cádiz para que defienda con total conocimiento la calidad y la seguridad de las producciones de la provincia. En la muestra había frutas y hortalizas, aceite de oliva, leche o leguminosas, entre otros.
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