FAECA lleva meses trabajando para lograr un acuerdo con el Ministerio de Hacienda, a fin de buscar una solución viable para decenas de cooperativas afectadas por la reclamación de las bonificaciones correspondientes a la venta de gasóleo B en sus instalaciones, como consecuencia de discrepancias administrativas.
Tras infructuosas reuniones, la última el pasado viernes con la directora general de Aduanas e Impuestos Especiales, María Pilar Jurado Borrego, en quien delegó el ministro, Cristóbal Montoro, y con la que fue imposible el diálogo y el acuerdo, representantes de las cooperativas andaluzas se han reunido hoy en Sevilla y han pactado una serie de actuaciones de las que informarán mañana en rueda de prensa.
La problemática radica en las diferencias suscitadas entre Hacienda y las cooperativas en lo relativo al proceso administrativo llevado a cabo por éstas en el suministro de carburantes, cuando en ningún momento han cesado en el pago o la justificación del gasóleo comercializado. De hecho, las cooperativas han actuado conforme a la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales y al Reglamento de Impuestos Especiales (RIE) de 1995. Sin embargo, ahora han sido y son motivo de inspección por no atenerse a lo dispuesto en una consulta vinculante posterior (V0442-06), emitida por la Dirección General de Tributos, la cual no se ha tenido en cuenta en las inspecciones hasta el año pasado, es decir, hasta siete años después de su publicación.
Prueba de que el procedimiento seguido por las cooperativas no es constitutivo de fraude, es que los servicios de inspección de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales no han presentado propuesta de sanción alguna y se han limitado a reclamar la bonificación del impuesto por lo que han denominado “fallo en el proceso administrativo”, un retorno que abocará a algunas entidades al cierre, al suponer desembolsos superiores a los 600.000 euros, en ciertos casos.
Es por ello que FAECA lleva prácticamente un año de intensas negociaciones con la Secretaría de Hacienda y la Dirección General de Tributos, a través de las cuales se ha logrado, como avance significativo, la modificación del artículo 106 del RIE, a fin de despejar las dudas en torno al procedimiento y otorgar validez a la práctica habitual seguida por las cooperativas, una medida que no ha servido para nada al no aplicarse con efectos retroactivos, por lo que no solventa el problema generado.
Igualmente, FAECA considera desproporcionada la relación causa-efecto, con peticiones de devolución, a nivel nacional, de hasta 5 millones de euros, concentrándose más de la mitad de ellas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, única región en la que, a día de hoy, continúan iniciándose inspecciones, a pesar de que el Ministerio de Hacienda se comprometió a paralizarlas, lo que, desde FAECA, se interpreta en clave categóricamente política.
En consecuencia, y tras haber agotado todas las vías de diálogo, las cooperativas andaluzas convocarán una rueda de prensa mañana en Sevilla, para informar de un calendario de actuaciones que comprende contactos con la presidenta de la Junta de Andalucía y los diferentes partidos políticos, interlocución con las organizaciones agrarias y sindicales, así como acciones informativas en todos los municipios afectados. De no lograrse el efecto deseado, FAECA no descarta otro tipo de acciones como movilizaciones e incluso pedir la retirada de la opción de voto al partido en el Gobierno a las 300.000 familias de agricultores y ganaderos socios de las cooperativas agroalimentarias andaluzas, cuyo futuro y el de sus pueblos está en riesgo por culpa de la obcecación del Ministerio de Hacienda que ha convertido un supuesto “fallo administrativo” en un problema de enorme dimensión y severas consecuencias.
