Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía apoya la decisión tomada en el seno de su matriz, Cooperativas Agro-alimentarias de España, de personarse en el procedimiento judicial iniciado por las asociaciones de los operadores industriales y comercializadores de aceite de oliva, ANIERAC y ASOLIVA, y por las asociaciones representativas de las almazaras no cooperativas, INFAOLIVA y Almazaras Federadas de España, AFE, contra la norma de comercialización del aceite de oliva aprobada para la campaña 2025/2026, cuya principal finalidad es prevenir posibles distorsiones en el mercado y garantizar su estabilidad, mediante la eventual retirada de producto en caso de sobreproducción.
La Orden APA/1192/2025, publicada el 28 de octubre de 2025, establece los criterios objetivos para activar, en caso necesario, un mecanismo de regulación de la oferta mediante almacenamiento, con el fin de prevenir posibles distorsiones en el mercado derivadas de situaciones de sobreproducción como la prevista en la campaña 2025/26. Este instrumento persigue adecuar la oferta a la demanda cuando exista una disponibilidad de aceite significativamente superior a la media de comercialización, evitando así desequilibrios que puedan desembocar en crisis de mercado que recaen, de forma directa sobre los olivicultores.
Conviene subrayar que la demanda ha sido interpuesta con posterioridad a la resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios por la que se comunicaba que el mecanismo no sería aplicado en la campaña 2025/2026, al no concurrir actualmente las circunstancias de mercado que lo justifican. Por tanto, el recurso no responde a una aplicación efectiva de la medida en esta campaña, sino que persigue su eliminación estructural como herramienta de regulación futura y como red de seguridad para el sector productor.
Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España se trabajó de forma intensa ante las instituciones comunitarias —autoridades legislativas, ejecutivas y órganos de competencia— para lograr la aprobación de un instrumento plenamente compatible con la normativa europea, orientado a dotar al sector de un mecanismo transparente, objetivo y proporcionado de gestión de crisis. Esta medida no solo protege la rentabilidad de los olivicultores en campañas excedentarias, sino que contribuye a la estabilidad del mercado y, en última instancia, beneficia también al consumidor, al permitir que el producto retirado en años de alta producción pueda compensar eventuales déficits en campañas cortas.
La decisión de impugnar esta norma evidencia con claridad el posicionamiento de cada organización dentro de la cadena de valor. Quienes centran su estrategia exclusivamente en la maximización de márgenes comerciales, a los que el aceite regalado les sigue pareciendo caro y buscan exclusivamente hacer rentable su actividad de extracción de aceite sin importar cuanto pagan a los agricultores por su aceituna, y quienes como Cooperativas Agro-alimentarias de España defiende un modelo que prioriza la sostenibilidad económica del productor, verdadero eslabón vulnerable del sistema.
Reflexión necesaria
Por todo ello, desde Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y de España, pedimos a los productores de aceituna que reflexionen sobre quiénes realmente atienden a sus intereses económicos. Los agricultores son los dueños de las cooperativas y, por tanto, su actividad empresarial, industrial y comercial persigue siempre obtener el mayor beneficio para sus producciones y proporcionar economías de escala que permitan garantizar la viabilidad y la rentabilidad en sus explotaciones.
La norma de comercialización ahora recurrida por parte de ANIERAC, ASOLIVA, INFAOLIVA Y AFE se establece con el único propósito de evitar campañas desastre para la producción, como ya se han padecido en campañas pasadas, siendo el agricultor el único y gran perjudicado. Además, viene a buscar la estabilidad en el mercado en beneficio de toda la cadena de valor que, de no producirse, perjudica tanto al consumidor y como al productor.
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de España continuarán defendiendo este mecanismo de regulación de la oferta con la misma determinación con la que trabajó para su aprobación, convencida de que la estabilidad del sector y la rentabilidad de los olivicultores deben situarse en el centro de cualquier política de mercado.
